Las compraventas entre particulares son cada vez más comunes. Desde coches y electrodomésticos hasta viviendas o artículos de segunda mano, miles de operaciones se realizan cada día sin la intervención de empresas ni intermediarios. Sin embargo, aunque parezcan acuerdos simples, también tienen implicaciones legales importantes. Tanto el comprador como el vendedor deben conocer sus derechos y obligaciones para evitar problemas, reclamaciones o fraudes. Saber cómo formalizar una operación correctamente es la clave para que todo se desarrolle con seguridad y garantías jurídicas.
Qué es una compraventa entre particulares
Una compraventa entre particulares es un contrato privado mediante el cual una persona vende un bien o servicio a otra, sin que ninguna de ellas actúe como profesional o empresa. Este tipo de operaciones se rige principalmente por el Código Civil, concretamente por los artículos 1445 y siguientes, que establecen las obligaciones básicas: el vendedor debe entregar el bien en las condiciones pactadas, y el comprador debe pagar el precio convenido.
Aunque no se requiera intervención notarial ni factura, la compraventa sigue siendo un contrato legalmente vinculante, con las mismas consecuencias jurídicas que cualquier otro acuerdo. Por eso, todo lo que se acuerde —precio, estado del producto, plazos de entrega o garantías— debe constar por escrito.
La importancia del contrato escrito
Una de las mayores equivocaciones en las compraventas entre particulares es confiar únicamente en la palabra. Un contrato verbal es válido, pero difícil de probar en caso de conflicto. Lo recomendable es firmar siempre un contrato por escrito, aunque se trate de una transacción sencilla.
El contrato debe incluir:
• Identificación de las partes (nombre, DNI, domicilio).
• Descripción detallada del bien o servicio vendido.
• Precio y forma de pago.
• Fecha y lugar de la entrega.
• Declaración sobre el estado del bien (“se entrega en perfecto estado de funcionamiento” o “con los desperfectos descritos”).
• Firma de ambas partes.
En el caso de bienes de cierto valor (como vehículos, embarcaciones o maquinaria), conviene adjuntar fotografías, facturas o informes técnicos. Estos documentos pueden ser fundamentales si más adelante surge una disputa sobre el estado del producto.
Garantías y defectos ocultos: lo que dice la ley
A diferencia de las compras a empresas, las compraventas entre particulares no están cubiertas por la Ley de Consumidores y Usuarios, sino por el Código Civil. Esto significa que el comprador no tiene derecho automático a una garantía comercial, pero sí puede reclamar en caso de vicios ocultos.
El artículo 1484 del Código Civil establece que el vendedor responde de los defectos ocultos del bien que lo hagan impropio para su uso o que disminuyan su valor de tal modo que el comprador no lo habría adquirido o habría pagado menos si los hubiera conocido.
En esos casos, el comprador puede:
- Resolver el contrato, devolviendo el bien y recuperando el dinero.
- Rebajar el precio proporcionalmente, conservando el bien.
El plazo para reclamar por vicios ocultos es de seis meses desde la entrega, y el comprador debe demostrar que el defecto existía antes de la venta. Por eso, resulta esencial conservar pruebas del estado del bien, como fotografías o informes técnicos previos.
La compraventa de vehículos usados: un caso especial
La compra o venta de un coche de segunda mano entre particulares es una de las operaciones más comunes y también una de las que más conflictos genera. Para realizarla con seguridad, se deben seguir estos pasos:
• Firmar un contrato de compraventa específico que detalle marca, modelo, matrícula, kilometraje y estado del vehículo.
• Comprobar que el coche no tenga cargas o embargos, solicitando un informe en la Dirección General de Tráfico (DGT).
• Realizar el cambio de titularidad en la DGT en un plazo máximo de 30 días.
• Conservar el justificante de transferencia o pago.
En caso de defectos ocultos (como averías graves o manipulación del cuentakilómetros), el comprador puede reclamar al vendedor por vía civil, igual que en cualquier otra compraventa.
Medidas de seguridad para evitar fraudes
Las plataformas online han facilitado la compraventa entre particulares, pero también han aumentado los intentos de estafa. Para reducir riesgos, conviene seguir algunas recomendaciones:
• Desconfiar de precios demasiado bajos o urgencias injustificadas (“vendo rápido por traslado”).
• Evitar pagos por adelantado sin haber comprobado el bien.
• Utilizar métodos de pago seguros, como transferencia bancaria o plataformas con protección al comprador.
• No compartir datos personales innecesarios ni enviar documentación antes de verificar la identidad de la otra parte.
• Si la operación es de alto valor, realizarla ante notario o en un lugar seguro, como una entidad bancaria.
Además, guardar todos los mensajes, correos o comprobantes puede ser decisivo en caso de reclamación posterior.
Cómo reclamar si algo sale mal
Si el bien presenta defectos o la otra parte incumple el contrato, lo primero es intentar una solución amistosa por escrito. Si no hay acuerdo, el siguiente paso es enviar un burofax con acuse de recibo, exigiendo el cumplimiento o la devolución del importe.
Si la cantidad reclamada no supera los 2.000 euros, puede acudirse al juicio verbal sin abogado ni procurador. En operaciones de mayor cuantía, será necesaria la asistencia de un profesional. En casos de fraude o engaño intencionado, también cabe presentar denuncia penal por estafa, especialmente si el vendedor ha actuado con dolo.
Conclusión
Comprar o vender entre particulares puede ser totalmente seguro si se hace con precaución y con la documentación adecuada. Aunque la ley protege tanto al comprador como al vendedor, la clave está en dejar constancia por escrito de todos los acuerdos, comprobar el estado del bien y evitar improvisaciones.
Un contrato claro, pruebas suficientes y un método de pago seguro son las mejores garantías legales. En definitiva, la compraventa entre particulares no tiene por qué ser un riesgo: con información, transparencia y prudencia, se convierte en una transacción legítima, sencilla y plenamente protegida por la ley.